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17 de Noviembre 2017   


Enfrentando a la delincuencia juvenil

La disminución en la edad de las personas que cometen delitos ha llevado a replantearse los mecanismos que como sociedad hemos creado para responder a este fenómeno. En la actualidad, están en curso varias iniciativas para abordar este tema, entre ellas, la Ley de Menores y los Proyectos de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y de Reforma del Servicio Nacional de Menores.


La delincuencia juvenil, aquella cometida por menores de 18 años, pareciera ir en aumento. Según cifras de la Dirección de Asuntos de la Familia de Carabineros, las detenciones de menores por infracciones a la ley han crecido en un 25% durante el trienio 1998-2000. Es así como mientras en 1998 el organismo policial retuvo a 38.660 personas menores de 18 años por conductas delictivas, durante el año 2000 esa cifra llegó a 48.375. Por su parte, el Anuario de Estadísticas Criminales 2000 de la Fundación Paz Ciudadana muestra que entre 1995 y 1999, del total de los aprehendidos por asalto y robo, el 45% tenía entre 15 y 19 años.


Ley de Menores

La actual ley que regula la justicia de menores (Ley 16.618) da lugar a procedimientos diferentes para los jóvenes infractores.
Entre los 16 y 18 años, un juez de menores debe determinar si el menor actuó con o sin discernimiento. El discernimiento es un procedimiento que data de 1810 y que implica dilucidar si el infractor tiene conciencia de haber transgredido la ley y si distingue entre el bien y el mal. En la práctica, el magistrado a cargo del proceso pide a profesionales como sicólogos y asistentes sociales un informe psicosocial a partir del cual dictamina.
En la investigación Adolescentes Privados de Libertad y Justicia de Menores, de Angélica Jiménez de la Universidad Diego Portales, se cuestiona el procedimiento de discernimiento y se indica que dichos informes miden características del autor del delito y no del acto propiamente. De esta forma, el discernimiento no tendría que ver con el delito sino con las características psicológicas y sociales del infractor.

Si es hallado con discernimiento, sigue un proceso criminal en el sistema penal de adultos. Cabe destacar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Chile, fija los 18 años como la edad a partir de la cual una persona puede ser castigada como adulto. En caso contrario, el infractor es declarado inimputable, al igual que los jóvenes entre 14 y 16 años, y derivado al juzgado de menores, donde por esta condición no se da lugar a un juicio por el hecho delictivo ni a defensa, pudiendo el juez determinar la clausura del caso y devolverlo a la familia o dar curso a una medida de protección la cual puede llegar a significarle hasta privación de libertad en centros para jóvenes infractores de ley.


Penalización Especial para Adolescentes

Del total de menores detenidos entre 16 y 18 años, un 25% es dejado inmediatamente en libertad y el 75% restante inicia un proceso judicial para determinar el discernimiento. De ellos, el 20% es hallado con discernimiento y el resto es derivado al juez de menores.
La principal causa de ingreso al Servicio Nacional de Menores de jóvenes infractores de ley es por consumo de drogas, hurto y robo.

A la luz de estos antecedentes, surge la interrogante de cómo combinar los conceptos de penalización, protección de los derechos de los menores y de rehabilitación, sobre todo si se toma en cuenta su historia. Según estudios de Paz Ciudadana la mayoría de ellos a sufrido violencia intrafamiliar, es desertor escolar – no llegan a completar la educación básica – trabaja, consume alcohol y drogas, y su grupo de amigos tiene antecedentes conductuales.

Dentro de este contexto, hay dos anuncios gubernamentales que son importantes de destacar: los Proyectos de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y de Reforma del Servicio Nacional de Menores.


-- PROYECTO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

Por estos días, el sistema de justicia y protección de derechos de la infancia y adolescencia chilena se encuentra en proceso de reforma. Fuente inspiradora y orientadora de esta reforma son las normas y principios contenidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en adelante, la Convención), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por Chile y promulgada mediante Decreto Supremo Nº 830, de fecha 14 de agosto de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de septiembre de 1990.

Para los y las adolescentes inculpados de infringir la ley penal, la reforma propicia la instalación de una justicia penal de adolescentes y la creación de una institucionalidad especializada, encargada de diseñar, financiar e instalar una red de programas privativos y no privativos de libertad para la ejecución de las sanciones impuestas por los tribunales de justicia.

Este sistema tiene por objeto la responsabilización de las infracciones cometidas por parte de los y las jóvenes con un tratamiento garantista, acorde con su calidad de personas en proceso de desarrollo y procurando su reinserción social.

En este contexto el Gobierno ha presentado al Congreso Nacional, para su discusión, el Proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que introduce profundas reformas al sistema de infracción de ley penal y su respectiva judicialización, cuando el infractor es un adolescente.


-- REFORMA AL SERVICIO NACIONAL DE MENORES

En la actualidad, las cárceles de nuestro país cobijan, en lugares segregados, a cerca de 500 jóvenes entre 16 y 18 años, situación que contraviene convenios suscritos por Chile donde se acuerda la erradicación de los jóvenes infractores de ley de cárceles de adultos.

En centros de atención para jóvenes, dependientes del Servicio Nacional de Menores, Sename, se presentan situaciones como que se atienda en un mismo lugar a menores que han cometido algún delito y a aquellos que han sido internados para protegerlos por estar en una situación de riesgo social. Para el diputado Patricio Walker esta situación genera una alta contaminación delictual. Además los menores ingresan a recintos altamente masificados e impersonales, permaneciendo muchas veces prolongadamente en estos lugares sin una derivación a programas sociales adecuados a su realidad, privándolos de la posibilidad de encontrar una solución junto a su familia o habilidades que le permitan reinsertarse en la sociedad.



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